La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá buscar e informar sobre las empresas
mineras presuntamente relacionadas con el crimen organizado, que operan en el
puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El particular que solicitó conocer esa información se inconformó y presentó un
recurso de revisión ante el INAI, turnado al comisionado Joel Salas Suárez, toda vez
que la Segob lo orientó a presentar su requerimiento ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE).
El solicitante argumentó que la dependencia emitió un pronunciamiento oficial sobre
el tema, por lo tanto, conoce de la información solicitada.
En alegatos, la Segob declaró la inexistencia de la información; sin embargo, al
analizar el caso, se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento
de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la
solicitud a todas las unidades competentes, como la Unidad de Enlace Federal y
Coordinación con Entidades Federativas y la Oficina del Secretario de Gobernación.
De acuerdo con la normatividad aplicable, la Unidad de Enlace Federal y
Coordinación con Entidades Federativas, es un área que auxilia al Secretario en la
conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los gobiernos de los
estados y de los municipios.
Además, se encarga de supervisar, coordinar y dar
seguimiento a las actividades realizadas por las representaciones de la
Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con
atribuciones para conocer la información requerida.
Por lo anterior, se concluyó que la dependencia no cumplió con el principio de
exhaustividad, el cual garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las
gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas.
En ese sentido, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó una
búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que
entregue al particular la información de su interés.
Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Salas Suárez dijo que todo
servidor público debe a la sociedad explicaciones y justificaciones sobre las acciones
de gobierno que ejerce; para cada decisión y acción realizada, afirmó, debe haber
evidencia que la respalde, y la ciudadanía tiene derecho a acceder a ella.
“Esta información colaboraría a brindar certeza de las acciones del gobierno federal
en Michoacán, para combatir al crimen organizado. ¿Cuál es el papel de la Segob en
la investigación a las empresas mineras? ¿Qué acciones emprende el Estado
mexicano para proteger a las empresas de la intervención del crimen organizado?”,
subrayó.
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