27 de abril de 2015. El Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con 17 instituciones
desarrolló, por encomienda del Presidente Enrique Peña Nieto, un ejercicio
plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito
fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer
efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y
ordenada, los conflictos propios de la vida democrática.
Por justicia
cotidiana se entienden las instituciones y procedimientos que permiten que las
personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita
resolver los conflictos que surgen de la convivencia cotidiana. Estos incluyen,
entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales
y administrativos. Se consideró que la materia penal no forma parte de la
justicia cotidiana.
A partir de
testimonios presentados por ciudadanos se lograron identificar los problemas en
materia de justicia cotidiana y proponer un conjunto de recomendaciones al
titular del Poder Ejecutivo y de manera más amplia a todos los poderes de los
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). En esta consulta
participaron 425 personas expertas en 15 foros presenciales en 12 ciudades y se
generó una plataforma interactiva (www.justiciacotidiana.mx).
La consulta
permitió exponer a la luz pública un problema olvidado –el acceso a la
justicia– que incide en la calidad de vida de los mexicanos, el ejercicio de
los derechos humanos, el desarrollo económico y la consolidación del Estado de
derecho.
A pesar de los
avances que pueden constatarse en el marco institucional, la mayoría de los
mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia. Uno de los problemas
identificados es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus
derechos y las vías para ejercerlos.
El catálogo de
problemas encontrados es largo, heterogéneo y complejo, por ello se recomiendan
217 acciones que constituyen la base para elaborar una política pública para
mejorar el acceso a la justicia en el Estado mexicano.
Dentro de estas
recomendaciones resalta una agenda prioritaria de cuatro temas para acercar la
justicia a las personas:
La creación de
centros de asistencia jurídica temprana y su posible evolución en defensorías
públicas,
·
La regulación de los servicios que prestan los
abogados y mecanismos que faciliten establecer su responsabilidad profesional,
·
La revisión del diseño y operación de las juntas de
conciliación y arbitraje y, finalmente,
·
La creación de un nuevo modelo de justicia familiar
Los dos primeros
temas buscan incidir en mejorar la disponibilidad y calidad de la asistencia
que requieren las personas de profesionales del derecho cuando tienen que
recurrir a los tribunales. Los otros dos son áreas sensibles que hoy enfrentan
serios problemas.
Dado que la
consulta identificó que la responsabilidad de asegurar el acceso a la justicia
de calidad está fragmentada en muchas instituciones, y la mayor parte de ellas
pertenecientes al ámbito estatal, se propone que el Presidente de la República
convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe,
proponga y evalúe una política pública de acceso a la justicia, con la agenda
prioritaria descrita. En dicha instancia deberán estar representados todos los
poderes en los tres niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos
(INEGI, CNDH), así como la academia y la sociedad civil.
El diseño de esa
política pública no es condición para iniciar acciones que mejoren el acceso a
la justicia. Por ello el CIDE también recomendó, tanto al Presidente como a los
gobiernos estatales, un conjunto de acciones que pueden ser implementadas en el
corto plazo y que permitirían mejorar las condiciones de acceso a la justicia.
Al Presidente se le
propuso, entre otras acciones, el diseño de una estrategia para que los
mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación del
defensor de la Mypimes así como medidas específicas para las trabajadoras
domésticas y los migrantes. A los gobiernos de los estados se les recomendó
considerar la creación de jueces itinerantes y de barandilla, acelerar la
oralidad en materia mercantil, así como la elaboración de protocolos de
actuación para que los directores de escuelas conozcan cómo actuar en caso de
conflictos.
Finalmente, el
ejercicio también identificó un conjunto de medidas para fortalecer la
independencia y mejorar sustantivamente la calidad y las capacidades
institucionales de los poderes judiciales de las entidades federativas.
La justicia
cotidiana debe tener un papel central y de largo plazo en la agenda pública
nacional. De ella depende que los acuerdos se cumplan, que las personas puedan
reivindicar sus derechos y que quienes los violenten o incumplan sus
obligaciones tengan consecuencias. El objetivo es combatir la impunidad y
contribuir a generar una plataforma de confianza para los mexicanos.
El CIDE,
institución del sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT,
refrenda su compromiso con la generación de conocimiento en ciencias sociales
que informe el debate público y la toma de decisiones sobre los problemas
nacionales.
El informe completo
y las recomendaciones están disponibles enwww.justiciacotidiana.mx y
en www.cide.edu
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