Así de imparcial, completa y confiable debería ser la
administración de justicia según la Constitución y los anhelos sociales, sin
embargo, las personas encargadas de ello distan mucho de hacerlos realidad,
basta atender los medios de comunicación para encontrar el verdadero status que
vivimos. A guisa de ejemplo, dos asuntos muy conocidos nos muestran que algunos
jueces no imparten justicia, aplican la ley con visión corta y mínima calidad
intelectual.
Caso Vallejo. Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, ahora
ex gobernador de Michoacán, fue señalado de tener vínculos con Servando Gómez
“La Tuta”, filtrándose un video en el que aparecen juntos en un lugar
desconocido. La explicación de su padre fue que había sido secuestrado por ese
grupo criminal, lo que nadie creyó; se realizaron investigaciones y al paso del
tiempo Rodrigo fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Distrito que
dijo carecer de pruebas para vincularlo a proceso por delincuencia organizada,
le fijó una garantía de siete mil pesos y le permitió salir en libertad
provisional para así seguirle el juicio. En los días siguientes a su liberación
se han hecho públicos nuevos videos en
los que se observa a Rodrigo Vallejo con “La Tuta” en pláticas más amenas que dejan
claro que Vallejo no fue secuestrado, sino que se reunía constantemente con
dicho líder e intercambiaban información que podía servir para secuestrar o
privar de la vida a otras personas.
Caso Alondra. Una señora que radica en Estados Unidos
hace algunos años presentó una denuncia por el supuesto robo de una infante que
era su hija, un día observa una foto de Facebook y afirma que esa niña, ahora
convertida en una jovencita de casi quince años, es su hija y la reconoce por
una cicatriz en la frente, mueve a las autoridades de su país y éste realiza
gestiones ante las autoridades judiciales de México, logrando que una jueza de
Michoacán, donde vive la menor, sin
agotar pruebas que permitieran tener la certeza del origen genético de una
menor de edad, ordene a la policía su aseguramiento y traslado a los Estados
Unidos, lo que se hace sin escuchar a los padres ni realizar las pruebas
periciales pertinentes para determinar si hay o no vínculos biológicos. Una vez
que la menor se encuentra en Estados Unidos, lo primero que ordena el juez,
antes de entregar la menor a la señora que presumía ser su madre, es la
realización de pruebas de ADN, las cuales mostraron que no existe ningún
vínculo entre la denunciante y la menor asegurada, por lo que determinó su
regreso a México.
Estos ejemplos muestran que a algunos jueces les falta poner
atención y estudiar exhaustivamente los casos que llegan a su jurisdicción. En
el primero se genera impunidad para un presunto delincuente que teniendo acceso
a información clasificada de seguridad pública de su Estado la ofrecía a cambio
de beneficios personales o familiares, colocando en situación de riesgo a todos
los habitantes de la entidad. En el segundo se ocasiona una grave afectación
psicológica en la menor y de incertidumbre para toda su familia, dejando
entrever que eso puede suceder a cualquier persona.
Los juzgadores, llámense ministros, magistrados o jueces,
tienen en sus manos la posibilidad de poner orden en una sociedad que
constantemente padece conflictos individuales con menor o mayor impacto
colectivo, por tanto no pueden dejar de considerar los elementos subjetivos que
motivan a las partes en un juicio y analizar integralmente cada caso como una
parte del rompecabezas social. Cada sentencia influye en el ánimo personal pero
impacta en el ánimo colectivo, a más errores mayor desconfianza en las
instituciones, contrario sensu, elevar la calidad de la administración de
justicia implica mejorar las relaciones sociales inhibiendo conductas dañinas
que por quedar impunes se reproducen e incrementan su potencialidad.
Cuernavaca,
Morelos, abril 26 de 2015.
José Luis
Urióstegui Salgado.
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